Escuela Gallega del Paisaje

El paisaje exige conciencia cívica, respeto al entorno, rehabilitación y escala

Se habla mucho de la situación urbanística de Galicia, y de la vertebración de su territorio, como de un escenario límite, irrecuperable. Decenios de atropellos, de actuaciones desmadradas, de olvidos imperdonables, de gobiernos que no han sabido valorar este patrimonio material e inmaterial, de falta de conciencia cívica, de ignorancia, de escasez de medios, de codicia, de atraso cultural, de feísmo... Son aspectos que los especialistas sitúan «en el origen de la desfeita» e identifican como males a combatir. Sin embargo, los expertos en arquitectura y urbanismo sostienen que aún cabe reconducir Galicia, y que la belleza estragada es en buena parte restituible. ¿Cuál es el primer paso? ¿Y el siguiente?

«El paisaje es un bien común», clama el catedrático de Estética y Filosofía de la Universidad de Roma Rosario Assunto por voz de la directora de la Escola Galega da Paisaxe-Juana de Vega, Isabel Aguirre, que apela a que esta idea-fuerza debe calar cuanto antes en la mente de los gallegos. Y para ello, como primera herramienta, tristemente, la sanción económica. «A veces solo entendemos cuando se nos mete mano al bolsillo. Ocurre con los accidentes de tráfico, que disminuyen, y eso que estaban en juego vidas humanas».

Las normas

Siguiendo con el símil, Aguirre recuerda que cuando llegaron los automóviles «se vio que no podían pasar por cualquier lado, había que ceder viario para uso público». Y tras entender esto, hubo que admitir que uno, a pesar de ser dueño del coche, no podía hacer con él lo que le viniera en gana. «Hay que atenerse a las normas»: un proceso tan sencillo como el que debe pasar el urbanismo. «Europa funciona así desde hace tiempo, pero aquí sigue faltando conciencia social y voluntad política», y esa, dice Aguirre, es la primera transformación urgente: defender el paisaje como algo propio.

En este sentido, subraya la importancia de mancomunar los equipos de urbanismo, no solo por mejorar la coordinación y la unificación de criterios, sino para rebajar costes, incrementar la eficiencia y agilizar los trámites. Debe fijarse, esgrime, la obligatoriedad para el concello de adherirse al ente autonómico APLU (Axencia de Protección da Legalidade Urbanística), para que la disciplina pueda prosperar aunque el municipio carezca de capacidades para imponerla.

A la ley acude Enrique Sánchez-Goyanes, abogado experto en urbanismo que lamenta la poca estabilidad que en Galicia tiene el cuerpo legal en este ámbito. «Hace falta una nueva ley impregnada de las exigencias de la sostenibilidad y desterrar la actual, que ha sido parcheada hasta con tres oleadas de reformas y que es un conjunto normativo sin coherencia interna ni concordancia con la normativa de rango estatal y europeo».

La sostenibilidad es clave, insiste, tanto la ambiental como la económica. «La situación de quiebra técnica que viven los concellos nace en parte de haber permitido un desarrollo urbanístico insostenible que amparó la creación de núcleos desconectados de los existentes, y a los que hubo que llevar las redes de servicios y a los que debe sufragarse su mantenimiento. Con el bum inmobiliario se podía pagar, hoy ya no».

Fuente: La Voz de Galicia